Paolo Rocca, presidente del grupo Techint (Foto: Adrián Escandar)

Paolo Rocca, presidente del grupo Techint (Foto: Adrián Escandar)

Existen dos causas por presuntos sobornos transnacionales derivados del Lava Jato contra directivos de Techint en Comodoro Py, que ahora el fiscal Carlos Stornelli, secundado por su par Carlos Rívolo, se disponen a examinar. Así lo señalaron a Infobae fuentes judiciales que investigan la red de pagos indebidos consignados por el chofer Oscar Centeno en los cuadernos de las coimas.

Los fiscales estudiarán las vinculaciones reveladas en Brasil para contrastar y expandir la información local, luego de que el ahora imputado colaborador, Héctor Alberto Zabaleta, ex director de administración del Grupo Techint, reconociera que efectuó desembolsos indebidos en 2008 a Roberto Baratta, mano derecha de Julio De Vido. Fue casi en simultáneo a que Luis Betnaza, el histórico director institucional corporativo del conglomerado, precisara que esas “contribuciones” cercanas al millón de dólares estaban destinadas a la cúpula K para que intercediera ante Hugo Chávez y agilizara la indemnización por la expropiación de la siderúrgica Sidor.

Esos expedientes, que instruyen los jueces Sebastián Ramos y Luis Rodríguez, pueden ser una ventana más amplia sobre supuestas coimas de Techint en Brasil por la cartelización de la obra pública y la venta millonaria de suministros industriales y tuberías de acero a la estatal Petrobras.

Paolo Rocca

Paolo Rocca

Las causas se iniciaron en mayo y agosto del año pasado por sendas denuncias de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a cargo de los fiscales Gabriel Pérez Barberá y María Laura Roteta. En rigor, fue la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) la que remitió la información inicial a partir de las confesiones de empresarios brasileños arrepentidos ante el juez Sergio Moro. Durante la investigación preliminar, la Procelac contó con el apoyo espontáneo de una fiscalía de Milán que desde 2015, a raíz de la corrupción en Brasil, viene investigando a la familia Rocca.

Las personas físicas bajo investigación en Italia por el Ministerio Público Fiscal, según documentación a la que accedió Infobae, son Paolo Rocca, CEO de la multinacional; su hermano Gianfelice Rocca, chairman del grupo Techint; su sobrino, Lodovico Andrea Palu Rocca, director de Coordinación y Dirección Comercial de Techint Ingeniería y Construcción; Héctor Alberto Zabaleta, ex director, hoy retirado e imputado en la causa de los cuadernos, y Roberto Bonatti, presidente de San Faustin S.A., la empresa con sede en Luxemburgo que controla al Grupo Techint.

De aquella sinergia de fuentes surgieron los indicios sobre los presuntos pagos de sobornos a funcionarios del ex presidente Lula Da Silva por parte de ejecutivos de Techint Engenharia E Construcao (Tebra), una de las filiales brasileras del grupo, para la adjudicación de una central nuclear en Angra dos Reis, conocida como ANGRA III, en el estado de Río de Janeiro.

La empresa brasileña, si bien es controlada por otra del grupo radicada en Uruguay, responde a la casa matriz, Techint Ingeniería y Construcción, con sede en la Argentina.

En esa primera denuncia, la Procelac solicitó que se investigue al sobrino del Paolo Rocca, Lodovico Andrea Rocca y al CEO de la empresa, Carlos Bacher.  Sugirió, entre otras medidas de prueba, la intervención de la Unidad de Información Financiera UIF con sus Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS). Esa causa es instruida por el juez Ramos y tiene como fiscal a Paloma Ochoa, quien pidió la colaboración a la Procelac para avanzar en la pesquisa.

Pero fue el febril impulso de la fiscalía de Milán por el presunto pago de coimas por parte de otra empresa del grupo Techint en Brasil, CONFAB INDUSTRIAL S.A, a la estatal Petrobras, la que puede desencadenar un escándalo de proporciones mayúsculas de comprobarse los vínculos con el Lava Jato, como viene denunciando el diario Perfil desde hace un año.

El fiscal italiano Fabio Di Pasquale

El fiscal italiano Fabio Di Pasquale

Infobae accedió a las imputaciones que constan en ese segundo expediente cuya instrucción fue delegada por el juez Luis Rodríguez al fiscal Eduardo Taiano.

Los fiscales milaneses, que investigaron supuestas coimas por unos US$ 9,4 millones entre CONFAB (con sede en San Pablo) y funcionarios de Petrobras, sindican una red de sociedades offshore, creadas históricamente por el ahora “arrepentido” Héctor Zabaleta, para manejar millones de dólares en plata negra para la cartelización de la obra pública y la venta de tuberías de acero al sector energético en Brasil. Quedó probado en el Lava Jato que las coimas eran la única vía para hacer negocios con el Estado brasileño.

Puntualmente, los italianos le imputan a la filial brasileña del grupo Techint, que está bajo la órbita de Tenaris, eje neurálgico en el manejo de las decisiones políticas y financieras, haber participado entre 2009 y 2013 de negociaciones presuntamente ilícitas con funcionarios de Petrobras para logra la adjudicación de contratos indebidos con el estado brasileño.

Los italianos enviaron parte de su investigación a la Procelac para acreditar la ruta del dinero, pagada supuestamente por Tenaris al ex presidente del partido de los Trabajadores (PT) José Dirceu, ex ministro de Lula, y a Renato de Souza Duque, ex director de servicios de la misma empresa. Ambos purgan condenas por 30 y 50 años, respectivamente.

Según los fiscales milaneses, desde la gerencia de Tenaris en Buenos Aires se habría impartido la instrucción de pagar sobornos a los ejecutivos de Petrobras por US$ 9,4 millones a través de una cuenta offshore a nombre de la sociedad Hayley S.A, del Milennium Banque Privee de Suiza. “Del análisis de la documentación relacionada con numerosas cuentas corrientes en Suiza se evidencia—dice el informe italiano—que el grupo Techint ha poseído considerables fondos en negro, a través de los cuales canalizaba sobornos a través de sociedades del grupo”. También mencionan a la sociedad Isla Mayor, con sede en Montevideo, Uruguay, que habría recibido giros de dinero del banco Suizo BSI y cuyo beneficiario es el argentino Lorenzo Fenocchietto.

Por esa cuenta uruguaya, afirman los italianos, se habrían canalizado con fines espurios unos US$ 18,8 millones desde la cuenta Sociedad de Emprendimiento Siderúrgico y otros 3,4 millones de Fundiciones del Pacífico, todas sociedades vinculadas al holding, entre otras operaciones sospechosas.

En su declaración en Milán, Fenocchietto, una suerte de financista, reconoció haber abierto la cuenta en Uruguay a nombre de la sociedad Isla Mayor en 2001 debido, dijo, a la crisis financiera argentina. Los italianos insisten en que esos fondos provenían de cuentas en el BSI a nombre de distintas sociedades del grupo Techint. Fenocchietto, cuya relación con el grupo no es clara, declaró que los fondos de Uruguay “eran posteriormente devueltos en pesos por él mismo en las oficinas del grupo en Buenos Aires, a través de entregas de sumas en efectivo (una vez deducida su comisión) al director Zabaleta”.

Luis Betnaza, también de Techint, reconoció pagos al gobierno kirchnerista

Luis Betnaza, también de Techint, reconoció pagos al gobierno kirchnerista

“¿Por qué tuvo que operar el grupo Techint con una cuenta offshore a nombre de un tercero? ¿No bastaba con operar con una cuenta en el extranjero claramente identificada como propia del grupo y declarada como tal?”, se preguntan primero los italianos y luego la Procelac. Y agregan: En los casos de pagos provenientes de Suiza, la cuenta estaba abierta por un tercero cuya relación con Techint no es clara, y a nombre de otro tercero (Isla Mayor) que presenta la misma opacidad respecto de su relación con el grupo. ¿Qué relaciones de negocio mantenía Techint con Fenocchietto y/o Isla Mayor?  No está en absoluto claro”.

En su denuncia la Procelac advierte que lo investigado tanto en Italia como en Brasil “debería ser tomado muy especialmente en cuenta por la investigación judicial local porque puede aportar prueba adicional útil para la causa en Argentina.”

Ese entramado esmerilado empujó al fiscal milanés Fabio Di Pasquale a requerirle a la Justicia argentina, primero mediante exhorto, y luego en persona al fiscal Taiano, la inmediata indagatoria de Paolo Rocca ante la sospecha de haber entregado dádivas. También solicitó el análisis de sus correos electrónicos y el registro de llamadas del CEO y de círculo rojo de la compañía.

“La Justicia argentina no funciona así”, le espetó Taiano en noviembre pasado y le pidió que remitiera toda la documentación obrante para disponer la indagatoria.  El intercambio fue tenso. Di Pasquale regresó a Milán sin la explicación de Rocca y sin material probatorio adicional.

Según fuentes judiciales, ahora “los fiscales italianos estaban pidiendo otras pruebas para avanzar en Milán”. Al parecer, nadie les advirtió que tanto Stornelli como Rívolo también quieren examinar las dos causas.

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